Prostitución no es lo mismo que trata.
La prostitución como trabajo sexual reconocido ha estado en un limbo jurídico que, por un lado, no prohíbe esta actividad, pero tampoco le ha otorgado certeza jurídica. En 2014 se ejerció una sentencia en la Corte del entonces Distrito Federal, en donde se reconocía por primera vez la protección constitucional a la prostitución como un trabajo, al menos en el ámbito local.
Ante la falta de estas certezas laborales y legales, quienes desempeñan este trabajo se arriesgan a padecer un entorno lleno agresiones de todo tipo, que estigmatizan, denigran y menosprecian el comercio sexual, en una sociedad que al mismo tiempo exige estos servicios y es una ávida consumidora de sexo.
Muchas personas siguen sin entender la diferencia entre la prostitución directa ejercida por mayores de edad, en la que se retribuye un servicio sexual con una compensación monetaria, de la trata de personas, que la trata encarna un problema delictivo de gran alcance, con redes nacionales e internacionales que lucran con la vida de personas para obtener millones de dólares para el crimen organizado.
De acuerdo con diagnósticos de organismos nacionales e internacionales, la mayor parte de la trata de personas en México es de carácter sexual y laboral, afectando directamente a grupos vulnerables como mujeres, niñas, indígenas y migrantes.
Por si esto fuera poco, está documentado que México es de los principales destinos de turismo sexual a nivel mundial, así como el principal productor de pornografía infantil. Se estima que cerca del 60% de la pornografía infantil que circula por el mundo es producida en México, además que en el país se ha incrementado hasta en un 73% el consumo de estos contenidos en los años recientes.
Los menores de edad siempre serán los más desprotegidos ante las amenazas, riesgos y abusos por parte de un sistema social que los utiliza y termina con sus vidas, para alimentar el consumo indiscriminado de estos materiales. Por tanto, el trabajo sexual real que ocurre todos los días en la calle debe acceder a un marco legal que permita hacer una diferenciación de los distintos riesgos y proteger a las víctimas.
La amenaza a nivel de calle.
La historiadora Martha Santillán Esqueda, en un artículo sobre la prostitución y los delitos sexuales durante los cuarenta, revela que el sexo, el alcohol y la delincuencia eran tres amenazas contra el México que buscaba la industrialización. A partir de esta concepción de lo que debería ser la sociedad mexicana, las autoridades emplearon la “moralidad” en primer lugar antes que el reconocimiento de una actividad laboral lícita, llevada a cabo entre adultos de manera consensuada.
Desde entonces, en las zonas rojas de cada una de las ciudades del país podemos ver de primera mano la otra cara del trabajo sexual. Desde los lugares de mala muerte en pueblos polvorientos donde las autoridades abusan y lucran con las tarjetas de sanidad para las prostitutas, hasta los clubes más exclusivos de las grandes ciudades, donde las historias de vida de quienes se dedican a la prostitución encuentran puntos en común.
Recorrer las calles de las zonas tradicionalmente asociadas a la prostitución en la Ciudad de México, como la Merced, Sullivan o Tlalpan, puede mostrarnos estas realidades. Mirones indiscretos, mirones apenados, mirones altaneros, todos miran. Las prostitutas soportan el peso de esos ojos juiciosos y los gestos de desdén de los transeúntes, al tiempo que lidian con la lujuria contenida y las faltas de respeto de los audaces que piensan que ellas no merecen ninguna consideración.
Los espacios del ejercicio del trabajo sexual deben ser dignificados y estar libres de riesgos, ya que tener relaciones sexuales en catres apenas divididos entre sí por sábanas que hacen las veces de paredes no debería seguir siendo permitido, mucho menos poner en riesgo la salud e incluso la vida tanto de quienes prestan el servicio como de quienes lo solicita.
Es claro que no se puede medir con la misma vara la prostitución a nivel de calle con el trabajo sexual en establecimientos específicos, ni mucho menos con el comercio sexual que se realiza en línea, ya que son modalidades diferentes y, por lo tanto, los riesgos que encarnan muestran distintos niveles.
Para una chica que sube contenido sexual explícito a OnlyFans o cualquier otra plataforma, y que se filtra su “pack”, las consecuencias pueden ser traumáticas y le redituaría en pérdidas económicas por los clientes potenciales que estarían evitando comprar ese contenido. Mientras para otra, esperando un cliente en la banqueta, los riesgos del contacto directo con un cliente potencial elevan la escala de riesgos, donde el nivel más alto es el feminicidio.
Mujeres mayores de edad que por voluntad propia y plenamente informadas ejercen el trabajo sexual no deberían cargar con todo el estigma que la sociedad le ha dado a la prostitución. Como vimos, la trata de personas es un delito, pero esto no implica que dos adultos libres no puedan acordar el intercambio de un servicio sexual a cambio de una contraprestación.
Se vuelve algo subjetivo cuando la impartición de justicia se basa sobre puntos de vista moralizantes, en lugar de partir de la base del reconocimiento de derechos. Como una trabajadora sexual dijo, “la dignidad y la virtud no la tenemos bajo los calzones”.