El gobierno contra los cigarros electrónicos y vapeadores.
De acuerdo con las estimaciones más recientes, se registran al menos 8 millones de muertes al año por consumo de tabaco en todo el mundo, y un millón de muertes por tabaquismo pasivo.
Basado en estos datos, los últimos días de mayo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió desde finales de 2021 una alerta sanitaria contra los vapeadores y cigarros electrónicos por los riesgos a la salud que representan.
De acuerdo con esta comisión federal “los carcinógenos y sustancias tóxicas representan un grave riesgo a la salud de personas consumidores” y por eso se adoptó esta medida con la intención de fortalecer la vigilancia sanitaria, invitando a la población a denunciar a través de internet la venta de estos dispositivos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó hace una semana el decreto presidencial para prohibir el uso de vapeadores y cigarros electrónicos, así como la circulación y comercialización de estos artefactos.
“Es mentira que los vapeadores son una alternativa al cigarro, hay una propaganda que indica que lo que hace daño es quemar el tabaco, el humo, pero eso es falso y los vapores son dañinos para la salud”, explicó sin mayor sustento quien reside en Palacio Nacional.
Como muchos productos que alguna vez consideramos innecesarios y de baja calidad, los cigarros electrónicos fueron creados en China como una estrategia para reducir el consumo de tabaco normal en ese país.
Actualmente el mercado de estos dispositivos ha crecido enormemente, y de acuerdo con la OMS son 32 países los que han prohibido su comercialización mientras en más de 70 se han adoptado medidas para mitigar su uso.
Por eso en México, donde contamos con un registro de al menos 60 mil muertes anuales a consecuencia del consumo de tabaco, las autoridades sanitarias se han apegado al decreto presidencial para prohibir la venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores, apegados al interés superior de “la salud pública”.
El pretexto de la “salud pública” y los intereses de una industria.
El problema es que, escudándose en el pretexto de “la salud pública” este decreto presidencial huele más a tabaco rancio que a preocupación por la salud de los mexicanos.
No se han adoptado medidas más allá de elevar el precio de las cajetillas de cigarros y colocar fotografías asquerosas de órganos invadidos de cáncer o animales deformes y enfermos “para hacer conciencia” sobre el problema social del tabaquismo.
Pero si esta es una de las causas de muerte más prevenibles, entonces ¿por qué simplemente no se prohíbe su comercialización?
La respuesta es en apariencia sencilla: no se puede ir en contra de una industria multimillonaria con presencia mundial.
La propia OMS advirtió en un informe reciente que la industria del tabaco es uno de los mayores contaminantes del mundo y responsable de la pérdida de más de 600 millones de árboles cada año, ya que utiliza 200 mil hectáreas de tierra y más de 22 mil millones de toneladas de agua para labores de producción cada año.
La justificación para impulsar esta medida por parte del gobierno es que esta frenará su venta y consumo, mientras los detractores de la medida aseguran que se venderán más dispositivos, lo que alentará la fabricación con procesos dudosos y la creación de un mercado negro que, en última instancia, terminarán por capturar a los menores de edad para engancharlos al consumo.
Además, se espera una marea de amparos, ya que existe el antecedente de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021 sobre la Fracción VI del Artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, en la que se sostiene que cualquier prohibición a la comercialización del cigarrillo electrónico “es inconstitucional”.
¿Hacen daño los cigarros electrónicos y vaporizadores?
De acuerdo con la información arrojada por la última edición de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, realizada en 2017, había 5 millones de usuarios de vaporizadores y cigarros electrónicos en el país.
Si bien los estudios al respecto no han determinado claramente los impactos del cigarro electrónico y los vaporizadores a la salud y no se ha comprobado el daño crónico por tener el hábito de consumirlos, las autoridades de salud han considerado que sí existe un daño agudo nunca visto.
“No destruyen el pulmón de la misma manera que el cigarro, pero no es que hagan menos daño, son sustancias diferentes, en productos nuevos con colores y sabores que no huelen, pero qué sí crean adicción y enganchan”, de acuerdo con expertos del INER.
Por su parte Juan José Cirión, presidente de “México y el Mundo Vapeando”, defendió estos dispositivos explicando que “es una tecnología muchísimo menos dañina que los cigarros convencionales, por lo que significa un gran beneficio a la salud pública porque ayuda a que muchas personas dejen de fumar”, afirmando que no hay base científica clara para haber impulsado esta prohibición.
Algunas asociaciones científicas, hospitales e instituciones nacionales de salud se han unido para exigir que se endurezcan las medidas contra vapeadores y cigarros electrónicos, considerando que conllevan diversos riesgos a largo plazo, por lo que es mejor poner un límite en este momento que esperar los daños fatales para la salud pública en el futuro.
Lo importante es señalar que el tema no solo se limita a la salud pública, sino que involucra los intereses de lobbies particulares y de la industria tabacalera, además de los derechos de los consumidores, el marketing, la publicidad, derechos y obligaciones en los procesos de exportación e importación, y el tratamiento de adicciones.
Si la intención es combatir el comportamiento adictivo de los ciudadanos con esta medida, velar por la salud pública y prevenir gastos innecesarios en el sistema de salud, la manera selectiva en que están actuando no es la mejor decisión.
Si la salud pública fuera el interés supremo, desde hace décadas se habría prohibido la comercialización y consumo del cigarro; pero los intereses que existen en esta industria no dejarán de pesar en las agendas de los gobiernos en turno.
